Explicación técnica frente a opiniones de la mesa de trabajo de La FM e informe de La República sobre proyecto de ley de ajuste a la política pública de servicios de televisión

FRENTE AL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE LA FM y el informe del diario La República es importante dar claridad en las siguientes dimensiones: 

  1. El proyecto de ley 21 Senado de 2017 “por la cual se actualiza la política pública y se ajusta la institucionalidad, regulación, vigilancia y control y de protección de usuarios de servicios de televisión en un contexto de convergencia tecnológica” ha perdido vigencia por ausencia de trámite en la legislatura 2014-2018, más particularmente porque no tuvo primer debate en la comisión sexta del senado en el período 2017-2018. 
  1. El artículo del proyecto de ley sobre el cual se hacen desatinados comentarios es el siguiente: 

ARTÍCULO 27.- RETRANSMISIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN ABIERTA RADIODIFUNDIDA. Con el fin de preservar y promover el pluralismo informativo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que distribuyan contenidos audiovisuales, deberán incluir en su oferta de programación, sin cobro alguno a sus suscriptores, la señal digital del canal principal de los proveedores del servicio de televisión abierta radiodifundida, en los niveles de cobertura que defina la Autoridad Nacional de Televisión.

Para el cumplimiento de la presente obligación aplicará la disciplina regulatoria de “must-carry” sin que exista ningún tipo de remuneración incluyendo aquella por concepto de derechos de autor y conexos.

No obstante, los costos asociados con la infraestructura de retransmisión serán asumidos exclusivamente por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que distribuyan contenidos audiovisuales. 

  1. La disciplina regulatoria de “must carry”, se encuentra implementada en el marco legal audiovisual colombiano a través del artículo 11 de la Ley 680 de 2001. Ya existe doctrina jurídica en el país, según la cual la implementación de este artículo NO PUEDE VERSE COMO UNA VIOLACIÓN de los derechos conexos de los organismos de radiodifusión, sino una limitación compatible con aquélla impuesta al derecho de autor en los actos de retransmisión simultánea y sin modificación del contenido original. En efecto el artículo 11 de la Ley 680 (VIGENTE) establece:

Artículo 11. Los operadores de Televisión por Suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área de cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de canales locales por parte de los operadores de Televisión por Suscripción estará condicionada a la capacidad técnica del operador. 

  1. En relación con la exequibilidad declarada del artículo 11, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia c-654 de 2003, manifestó:

La finalidad buscada por el legislador al disponer en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 que los operadores de televisión por suscripción tienen el deber de garantizar, sin costo alguno para los suscriptores, la recepción de los canales de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal, condicionado a la capacidad técnica del operador, es la de garantizar el derecho al pluralismo informativo que le asiste a toda la comunidad.

Encuentra la Corte que esta finalidad se aviene a los principios superiores del Estado Social de Derecho pues garantiza a los usuarios de televisión por suscripción acceder por el mismo sistema, y sin costo alguno, a la información de carácter nacional, permitiéndoles obtenerla de manera amplia y adecuada, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública libre.

De esta forma, resulta evidente que el análisis de constitucionalidad de la norma verificó que la ausencia de pago por concepto de derechos de retransmisión, implícitamente, no constituye una violación de los derechos conexos otorgados a los organismos de retransmisión por la Convención de Roma, sino que constituyen la aplicación del principio de paralelismo del artículo 15 de la Convención entre las limitaciones al derecho de autor y las limitaciones a los derechos conexos, para este caso particular, de los organismos de radiodifusión en materia de la transmisión de señales radiodifundidas.

  1. Es claro que los tratados internacionales protegen los derechos patrimoniales y conexos de los generadores de contenidos audiovisuales, pero también plantean la POSIBILIDAD DE EXCEPCIONES. En relación con las excepciones estipuladas en el parágrafo segundo del artículo 15 de la Convención de Roma, según el cual se establece el principio de paralelismo del derecho conexo concedido al organismo de radiodifusión con el derecho de autor, es trascendental, para la opinión pública, conocer y resaltar que dicho régimen de excepción fue ratificado por la Decisión andina de 251 de 1993, así:

Artículo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente Capítulo.

Más particularmente, la decisión andina, en concordancia con la normatividad internacional, presenta una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, para situaciones particulares enumeradas en el artículo 22, de las cuales, resulta imprescindible para la presente actuación, la siguiente:

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

  1. k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

En este sentido, bajo el entendido que en la Convención de Roma se entiende por retransmisión “la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión” está claro que cualquier disposición legal doméstica que implique, de forma tácita o expresa, una limitación paralela “sin autorización y sin pago de remuneración” a los organismos de radiodifusión en materia de retransmisión, es compatible con dicha Convención; más aún cuando dicha restricción está fundamentada en políticas de servicio universal en las que prima el interés general sobre el particular.

  1. Esta lógica argumentativa fue RATIFICADA por el Tribunal Superior de Bogotá en marzo de 2017.
  1. Es bastante curioso, pero de gran valor para este debate con argumentos INFUNDADOS que se promueve en La FM, resaltar que, cuando participaron todos los operadores dentro de las discusiones de la sentencia de la Corte Constitucional c-654 de 2003, los canales abiertos fueron los que pidieron que se incluyera su programación dentro de las parrillas de los operadores de televisión por suscripción.

Entonces, en ese momento para ellos sí era importante esa obligación, ahora, con otros intereses, los de maximización de los ingresos de sus empresas, tienen otro tipo de intereses y por eso están buscando fuentes complementarias de ingresos a partir de los supuestos reclamados DERECHOS DE RETRANSMISIÓN.

  1. RESULTA UNA ACUSACIÓN INFUNDADA Y DE MALA FE INSINUAR QUE ESTE PROYECTO DE LEY, QUE BUSCA LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR en cuanto a la pluralidad informativa de los colombianos, se ha hecho con el patrocinio de los cableoperadores.
  1. Más grave aún resulta el juego de palabras: ”GUERRA CONTRA LA ECONOMÍA NARANJA”, cuando los incentivos a la innovación y la creación de contenidos están incorporados dentro de la estructura de costos de los canales privados y por consiguiente, en términos financieros son un menor valor de concesión y de sus prórrogas que han pagado al estado colombiano.
  1. Finalmente, debo recalcar mi apoyo irrestricto a las medidas de promoción y consolidación de la ECONOMÍA NARANJA del presidente electo Iván Duque y desde mi labor legislativa promoveré todos los escenarios para que este concepto sea UNA REALIDAD EN EL PAÍS.

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA

SENADORA DE LA REPÚBLICA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *